La diferencia entre una transacción del sector privado y público es la valuación de los bienes y servicios que se intercambian. En transacciones libres entre agentes privados, el comprador y vendedor acuerdan un precio con el cual ambos piensan que al menos no pierden. En general ambos ganan. En el sector público quienes asignan los recursos, que terminan en transacciones, lo hacen para producir un servicio del que desconocen la valuación que la sociedad tiene sobre él y, además, ésta depende de la forma de ejecución; eficiencia e incentivos en el diseño mediante.

En la discusión pública, cuando de proyectos, programas o acciones de un gobierno (istración) se trata, creo no exagerar si digo que tanto los actores, como los periodistas, al consultar acerca de esa materia, centran, respectivamente, el discurso y la noticia en “cuánto dinero se destinará”. Siendo claro que sin recursos nada se puede hacer, también es cierto que el monto financiero de esos proyectos puede significar muy poco.

Las burocracias, públicas y privadas, tienen una “natural” tendencia a la expansión. Lo hacen reclamando más funciones que, en especial dentro del sector público, se les concede.

Recientemente Ceres ha vuelto a poner de manifiesto la superposición de funciones y cometidos entre distintas dependencias estatales, caso notorio los organismos “dedicados a la vivienda”. Lo cierto es que, sin un enfoque realmente integral, todas las iniciativas no sólo conducen al desperdicio de recursos (humanos, materiales y financieros), sino a la dilución de las responsabilidades.

Piénsese en la infinidad de “convenios interinstitucionales” que se firman entre distintas reparticiones del sector público, o comisiones que se crean a las que hay que dotar de cierta infraestructura, aunque sea mínima. La firma suele ser acompañada de acto donde se informa sobre la problemática que se quiere abordar y el dinero que se dedicará. Ahora piense el lector en la discusión parlamentaria donde, cualquiera sea la temática, finalmente se discute sobre las partidas asignadas —siempre “insuficientes”— y luego, en las Rendiciones de Cuentas, además de las solicitudes de dinero adicional, sobre su ejecución, condenando los ahorros logrados. Ahora reflexione sobre si conoce alguna evaluación cuantificada e independiente de lo anterior. Apuesto a que tiende a cero y eso es porque casi no existen.

Otro sesgo en el accionar del sector público, en este caso no así del privado, es hacia la construcción de infraestructura nueva (inauguraciones), dejando de lado el mantenimiento, ciertamente más rentable. Ejemplos cotidianos sobran y al lector le vendrán a su mente alguna decena sin gran esfuerzo. Las obras se inauguran y luego prácticamente se abandonan, deteriorándose rápidamente.

Las confusiones son varias. El presupuesto asignado es una autorización de erogación máxima, no una obligación de gastarla totalmente. A su vez, la crítica a cuando no se ejecuta la totalidad de la asignación presupuestal, tiene incentivos perversos sobre los es, quienes terminan buscando en qué gastarlos y de allí la proliferación de ideas maravillosas y los acuerdos interinstitucionales. La creencia de que meramente “aportando recursos” financieros las cosas salen bien y que, cuando los resultados no son los adecuados es porque aquellos son insuficientes, en una idea totalmente errada, pero muy arraigada.

No toda erogación es despilfarro, pero tampoco todo gasto o inversión es un generador de valor per sé y mucho menos de “valor equivalente”. Quizás el caso más notorio es la enseñanza pública, donde la asignación presupuestal se ha ido incrementando a lo largo de las últimas 4 décadas y, sin embargo, los resultados no han mejorado.

Para todas las personas, su nivel educativo es el “pasaporte” a un mejor nivel de vida. En el mundo actual no tener la enseñanza media superior (EMS) o su equivalente completa, significa quedarse fuera de las posibilidades de tener una vida digna. Para el 60% de los hogares de menores ingresos (tres primeros quintiles) y más aún en los dos primeros quintiles de ingreso, la enseñanza pública es la principal, sino la única herramienta para su progreso. Específicamente a este último 40% de población, pertenece el 67% de los menores de 18 años, donde apenas el 27% de dichos muchachos logra terminar la EMS. La sociedad le dedica importantes recursos, pero lamentablemente, éstos generan muy poco valor.

Las cosas van cambiando desde que el mundo es mundo y desde la primera revolución industrial, ya dos siglos atrás, el avance de la humanidad se aceleró a límites no imaginados y, con ello, la velocidad de los cambios que nos exigen y estresan. Nacen nuevas necesidades que aparejan nuevas actividades del lado de la oferta, también en los servicios públicos, pero al mismo tiempo hay otras que perecen al dejar de ser necesarias. Tal como se hace en el sector privado, las buenas prácticas enseñan que cada vez que se quiere iniciar algo nuevo, en el mismo acto se decide que va a dejarse de hacer o cuánto se reducirá la actividad y, si los actores deben cambiar porque la especialidad así lo requiere, quién dejará de hacerlo y cómo se redistribuyen los recursos.

A su vez, toda nueva actividad debe ser siempre bajo la forma de piloto de prueba, haciendo énfasis y tomando en su diseño, todos los recaudos a efectos de la medición de resultados. Evaluar, aprender y corregir errores. En algunos casos hay que esperar un tiempo prudencial, pero la consigna debe ser que cada vez que se pida aumentar la dotación de lo asignado a un programa o proyecto ya existente, previo a cualquier decisión debe tenerse su evaluación cuantitativa. Se dirá que en algunos casos es difícil, puede serlo, pero siempre se puede hacer.

Toda performance y virtud de un programa se mide por sus resultados, no por lo que cuesta. Entonces, no debemos confundir la efectiva generación de valor, con el dinero que el sector público gasta en una actividad. No es igual que una transacción entre privados.