La Fiscalía de Delitos Económicos de 3^er Turno cree que más de un millón de dólares que fue apropiado del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) se utilizaron para financiar la “estructura sindical” del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y al Partido Comunista del Uruguay (PCU). Pero ¿cómo y quiénes lograron sacar ese dinero de Fosvoc sin que nadie lo notara? En la audiencia judicial en la que resultaron condenados tres sindicalistas, la fiscal adscripta Gabriela Gómez dio detalles de al menos tres maneras en las que ocurrió.

La investigación, al momento, tiene a 15 personas bajo la lupa, además de Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, que fueron condenados este jueves. Aceptaron ser culpables de los delitos de apropiación indebida, asistencia al lavado de activos, estafa y asociación para delinquir. Cumplirán penas de poco más de dos años de cárcel.

La motivación de estos delitos, para el fiscal de la causa, Gilberto Rodríguez, por el momento es clara: "En principio —dijo en rueda de prensa este jueves, luego de la audiencia— aparece de manera bastante sólida, consolidada, de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y de Sunca".

La denuncia fue radicada a fines de enero de este año, cuando detectaron que una empleada que trabajaba en el fondo desde hacía 20 años había hecho transferencias para las que no tenía autorización Esto fue advertido por otra trabajadora del fondo que suplió a la denunciada cuando esta se fue a un viaje a someterse a una intervención quirúrgica.

La mujer denunciada era la encargada de pagar los sueldos, pero no debía realizar ningún otro tipo de pagos. Sin embargo, tenía irrestricto a la cuenta de EBrou del fondo. Luego de la investigación, concluyeron que había hecho 193 transferencias irregulares por un valor total de $ 35.627.581 y US$ 17.500, explicó Gómez en la audiencia que presenció El País.

Los beneficiarios de esas transferencias fueron 15 personas, entre las que están los tres hombres que fueron condenados. La mujer que ordenó las transferencias afirmó que lo hizo por orden de Bertolio y otra persona que la fiscal no nombró. Sin embargo, el condenado negó haber dado las órdenes.

A su vez, ella hizo diversas maniobras para evitar que la funcionaria que luego la terminó denunciando pudiera hacer correctamente un trabajo de contralor. Por ejemplo, meses atrás le había vedado el a un correo electrónico en el que el BROU notificaba las transferencias que se hacían.

La segunda y tercera maniobra tienen similitudes entre sí. Una de ellas refiere al uso de las “partidas especiales”, que son aquellas que se utilizan para los trabajadores que sufrieron, por ejemplo, incendios en sus casas, o se encuentran pasando por un problema de salud. Este beneficio no es reembolsable. Según la Fiscalía, en 2023 se presentaron 43 solicitudes para esta partida y “solo tres correspondían a s que existían”. Los otros 40 “literalmente no existían en el mundo y mucho menos eran afiliados al Sunca”, afirmó Gómez.

Del total, 36 de estas solicitudes fueron firmadas por los condenados Bertolio y Bernaola. En las peticiones, los argumentos para solicitar la partida eran “siempre las mismas”: que el trabajador sufría cáncer o debía recibir un trasplante de órgano.

La última maniobra se realizó utilizando como pantalla las “partidas espejo”. Estas partidas se destinaban a ayudar a organizaciones sociales seleccionadas tanto por los representantes empresariales como por los sindicales. Estas organizaciones o fundaciones presentaban recibos de sus gastos y, eventualmente, Fosvoc autorizaba una partida para compensarlos.

Tras la auditoría que se realizó, se encontraron cuatro operaciones que generaban dudas. El beneficiario era el mismo en todas, una cooperativa educativa. Tres cheques que debían ir a ella fueron retirados por Bertolio. Uno de ellos, de US$ 25 mil. Uno de los referentes de la cooperativa declaró que en los años 2021 y 2022 recibió ayuda del fondo y en octubre de 2023 lesdieron una camioneta, pero “nunca había recibido una prestación dineraria”. El dueño de la automotora que vendió la camioneta sostuvo, por su parte, que el vehículo lo compró Bertolio con un cheque a nombre de la cooperativa, pero que este tenía el valor de US$ 25 mil, cuando la camioneta solo costaba US$ 20.240. El excedente se le fue “devuelto” a Bertolio a su cuenta personal.

Por su parte, el condenado Víctor Rivero retiró un cheque por $ 222 mil a nombre de una persona que no existía.

Para la fiscal Gómez, “estas operaciones detalladas han dado cuenta que, por lo menos desde el año 2023, se había instalado en forma consuetudinaria un modus operandi tendiente a financiar actividades”. “Sabemos la limitación que tenemos para la consideración de las declaraciones de los imputados. Sin embargo es importante destacar que han sido muy compatibles las declaraciones en cuanto a que existía o existe un sistema de financiamiento del Sunca y del Partido Comunista”, agregó después.

Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En sus declaraciones en Fiscalía, los condenados apuntaron al senador frenteamplista Óscar Andrade y al diputado Daniel Diverio, ambos exdirigentes sindicales y referentes comunistas, informó Búsqueda y confirmó el fiscal Gilberto Rodríguez en rueda de prensa. Es probable que el fiscal los cite a declarar en calidad de imputados.

Andrade dijo que consideraba la acusación "un absurdo, un insulto" y que si tuviera a la carpeta fiscal y comprobara que los dichos de los condenados fueron esos, les hará una demanda por daños y perjuicios, afirmó en diálogo con Telemundo. "Que se investigue", exigió.

El abogado de Foscov, Óscar López Goldaracena, sostuvo que "debe continuarse la investigación hasta determinar efectivamente dónde estaban los fondos y que ese dinero se devuelva". López Goldaracena lamentó que, al celebrarse un acuerdo de juicio abreviado con estos primeros tres condenados, "no se puede continuar la investigación" relativa a estas personas.