Justicia desestima recurso de "nulidad absoluta" que ambientalistas presentaron para frenar proyecto Neptuno

Se trata de un nuevo revés luego de que semanas atrás el TCA resolviera rechazar la medida presentada por el hoy ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, contra la resolución que habilitó la iniciativa

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Irma Leites
Irma Leites participó de la manifestación contra el proyecto Arazatí frente a Torre Ejecutiva.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16° Turno rechazó la medida cautelar que, a través del abogado Juan Ceretta, organizaciones ambientalistas presentaron para que se frene el proyecto Neptuno. Se trata del segundo aval a la iniciativa que da la Justicia ya que en las últimas semanas también descartó un recurso presentado por el ahora ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para detener la inversión.

Según consta en el fallo de 10 páginas, emitido el 2 de junio y al que accedió El País, el juez Hugo Rundie resolvió negar la acción de "nulidad absoluta" que la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización “Los Tucu-Tucu” habían presentado en mayo.

La razón del rechazo se basa en una cuestión de forma ya que en la sentencia el juez sostuvo que "la medida cautelar de no innovar solicitada por la parte actora, se concluye que la misma no puede ser decretada en los términos propuestos, ya que su tramitación requiere una estructura procesal diferente, acorde a la naturaleza de la pretensión y los derechos colectivos en debate".

En 2022 el gobierno del entonces presidente Luis Lacalle Pou decidió avanzar con la iniciativa Arazatí —llevada adelante por el consorcio Aguas de Montevideo que integran las empresas Ciemsa, Fast, Saceem y Berkes. A finales del mandato la istración anterior, a pocos días de que asuma el gobierno de Yamandú Orsi, firmó el contrato con el consorcio.

En cuanto a la actualidad del proyecto, autoridades de OSE y del consorcio Aguas de Montevideo se reunieron a fines de abril y firmaron las suspensión por 90 días los plazos establecidos en el contrato por Arazatí. Y hasta el momento no hubo mayores avances en los intercambios entre ambas partes para definir si la iniciativa continúa con modificaciones o si el Poder Ejecutivo está dispuesto a descartarlo, asumiendo costos millonarios que puede demandar el consorcio.

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