El gobierno tiene previsto mantener la exigencia de que los alumnos deban ir a clases para recibir un asignación familiar, indicaron a El País desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Esto será así, al menos por este 2025 y en 2026, pese a la voluntad de quitar esta contraprestación que expresaron el hoy presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante la campaña electoral.

“El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar. No hay forma porque se te descalza una parte de la población, no le pidas algo que no te puede dar (…)”, dijo Orsi en el programa En la Mira (VTV) durante la última campaña electoral, cuestionando el requisito de ir a clases para recibir la llamada Asignación Familiar-Plan de Equidad (AFAM-PE).

Oddone, en tanto, también en campaña y en el mismo programa, dijo que era “absolutamente” partidario de que las transferencias directas no sean retributivas. En este sentido, planteó que el Frente Amplio busca ir por las “transferencias no condicionadas”, porque esto es algo que ha resultado una “solución” en los países con altos niveles de ingresos.

Pese a estas declaraciones, no está previsto que en este año, y tampoco en el próximo, cambie el mecanismo vigente, indicó el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Juan Martín Fernández Vallo, consultado por El País.

El sistema previsto por el decreto 239/015, que reglamentó la Ley 18.227, es la realización de dos cortes de la prestación por año. En julio se realiza el primer corte para quienes no se hayan inscrito a un centro educativo, y en octubre ocurre el segundo corte, a quienes acumulen inasistencias durante el año. En ambos casos, se da el plazo de un mes desde la notificación de situaciones de incumplimiento para intentar revincular a los jóvenes, antes de hacer efectivo el corte.

En el primer corte de 2024 se incluyó a 6.142 niños y adolescentes por no ir a estudiar, de estos solo 330 se reincorporaron tras la prórroga. O sea, perdieron la asignación 5.812.

Entre 2018 y 2024, se suspendieron casi el 90% de las prestaciones de las familias que fueron notificadas, con excepción de lo ocurrido en 2020, que no hubo cortes, por ser el año de la pandemia del covid-19.

“Está bastante estudiado que sacarle la prestación a una persona que está faltando no debería ser la respuesta del Estado frente a una inasistencia”, dijo Fernández, pese a la decisión de continuar cortando la asignación. No obstante, añadió: “Para nosotros la no matriculación o la falta a la escuela no nos puede dejar indiferente como Estado".

El también docente universitario, que cuenta con un posgrado en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), valoró que la nueva gestión del Mides abrió una “discusión interna” para rever el mecanismo vigente desde 2015 de manera ininterrumpida —salvo por la pandemia—, pero al mismo tiempo sostuvo que habría que buscar otros mecanismos para que los jóvenes vuelvan a estudiar.

“Lo que nos parece es que la reacción del Estado no tendría que ser cortar en seco esto, sino tener un tipo de respuesta de 'los voy a buscar', 'voy a preguntar qué pasa', porque muchas veces hay personas capaz que están sufriendo algún tipo de problema”, añadió.

“Estamos en el medio: no nos es indiferente una inasistencia o una falta de inscripción en el sistema educativo, pero sentimos que lo que debería disparar no es una penalización a la asignación, sino otro tipo de acción afirmativa”, dijo Fernández.

Por el momento, aseguró que están analizando con la istración Nacional de Educación Pública (ANEP) mecanismos con el objetivo de “ir a buscar”, ambas partes, a quienes integren los listados de julio y octubre, para así evitar la suspensión de la asignación familiar.

“Estamos buscando una alternativa para decir respondemos de esta forma y no de esta otra forma, que es cortándole la asignación. Pero eso no está definido porque requiere pensar una propuesta para eso. Y no la tenemos definida”, añadió.

El integrante del ministerio que encabeza el socialista Gonzalo Civila, remarcó: “Nuestro espíritu no es ir en contra de la norma, sino tratar de buscar otro tipo de dispositivo que tenga una respuesta real".

“A priori no estamos pensando en ningún cambio de la Ley 18.227. Si podemos presentar una alternativa se podría discutir esa norma”, insistió el director.

La primera simulación, con datos del Sistema de Información Integrada del Área Social (Siias), arrojó que hay 15.000 niños y adolescentes, solo del sistema público, que no se inscribieron en centros educativos este año. Sin embargo, Fernández dijo que estiman que la cifra baje tras aplicar varios filtros.

La obligatoriedad de ir a clases para recibir la asignación familiar generó varias idas y vueltas a nivel político, inclusive en la interna del Frente Amplio en los tres gobiernos consecutivos (2005-2020), y se retomó en esta istración. La Ley 18.227, del año 2008, estableció en su artículo 6 que uno de los requisitos es “la inscripción y concurrencia asidua” del beneficiario a un centro educativo.

Sin embargo, se comenzó a aplicar en 2013, durante el gobierno de José Mujica, se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000. En 2015, primer año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, no se hizo el corte porque la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, lo bloqueó. En el primer corte de 2016 —ya con el decreto en plena vigencia— el Banco de Previsión Social (BPS) anunció la suspensión de asignaciones para 16.000 jóvenes; pero el segundo de ese año ya no se hizo porque Secundaria no envió a tiempo los datos para hacer el cruzamiento de la información. En el primer corte de 2017, en tanto, fueron 14.000 los niños y adolescentes que se quedaron sin la prestación, y 15.000 en el segundo. En 2018 fueron 9.924 en el primer corte y 12.607 en el segundo. En 2019, en tanto, fueron 9.471 y 5.816, respectivamente.

En 2020, en el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou, no se hicieron cortes de asignaciones. La misma decisión —y por la misma razón: la pandemia— se tomó en el segundo semestre de 2021, mientras que en el primero —cuando había menos contagios— sí se suspendieron 9.678 prestaciones. En 2022, fueron 10.846 y 791; y en 2023, 1.190 y 8.209. En el primer semestre de este 2024 se suspendieron 5.812.

Al anunciar que los cortes volverían a aplicarse, hubo algunas voces que se opusieron a las del entonces ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Es el caso de la entonces vicepresidenta Beatriz Argimón, quien declaró que la suspensión de prestaciones era un motivo de "preocupación" y que por eso pediría información a las autoridades. Lema contestó rápidamente, en declaraciones a los medios: "Prefiero optar por una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice cuanto antes, que dar una señal de que da lo mismo que vayan o no a los centros educativos".