La ONG Espacio Público registró el año pasado 99 detenciones por “expresar opiniones” en Venezuela, un aumento del 254 % respecto a 2023, cuando documentó 28 casos, según el informe anual de la organización no gubernamental publicado esta semana.

Del total, 71 de los detenidos fueron “particulares” y 24 “entre periodistas y trabajadores de la prensa”, mientras que el “resto de las víctimas estuvo distribuido entre de ONG y trabajadores públicos”, señala el documento. Además, el informe indica que 28 de las detenciones “se produjeron por el uso de redes sociales o internet” y “al menos 36 bajo acusaciones de supuesta instigación al odio”.

“Las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión. Esta escalada de la represión refleja una estrategia gubernamental dirigida a controlar el discurso público y a limitar el espacio cívico, la cual se intensificó a partir del proceso electoral presidencial (del 28 de julio)”, reza el documento.

Espacio Público advierte que los comicios presidenciales, en los que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un organismo electoral controlado por rectores afines al chavismo -lo que fue denunciado como “fraude” por la oposición mayoritaria-, “marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos”.

En ese contexto, la organización asegura “se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas”.

“Durante el período previo y posterior a las elecciones, se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación y allanamientos a viviendas de figuras opositoras”, señala la ONG, para la que ese “clima de miedo buscó silenciar a la oposición y socavar la legitimidad del proceso electoral”.

Por otra parte, Espacio Público considera que la sanción y el avance de “leyes regresivas complementan un escenario severamente restringido”, y entre esas normativas menciona la de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, aprobada en agosto de 2024 por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo. Con esta ley, según la ONG, el Estado venezolano “concretó la ilegalización de las organizaciones de la sociedad civil y, con ello, desnaturalizó el ejercicio del derecho a la asociación”.

Agencia EFE