Gerardo Sotelo, diputado del partido Independiente, emitió un comunicado de su autoría en redes sociales en el que plantea su posición sobre la situación de la Caja de Profesionales. A modo de carta, comienza diciendo: “Estimados, entiendo la indignación pero el tema no es tan sencillo y la responsabilidad del Estado en el desfinanciamiento y salvataje de la Caja de Profesionales es enorme”.

Señala, en primer lugar, (que la indignación es) “porque buena parte de desfinanciamiento se debe al llamado ‘descalce’, que se produjo porque la Ley La Ley 17.738 del 2004”, que estableció que los timbres (principal ingreso de la Caja) se ajustaran por el índice de precios al consumo (IPC), creciendo lo mismo que la inflación.

Sin embargo, —prosigue Sotelo— el plebiscito aprobado en 1989, establece que las pasividades (principal egreso de la Caja) se ajustan por el índice medio de salarios (IMS). “Si los dos índices hubieran evolucionado de la misma forma, no tendríamos este problema, pero el salario real en los dos primeros gobiernos del FA creció por encima de la inflación”, afirma.

Gentileza CJPPU.

“El resultado fue un crecimiento de los egresos muy superior al de los ingresos por timbres, que redujo los superávits financieros”, resume.

El segundo lugar, menciona al IASS, de enero de 2008, que sustituyó el IRPF a las pasividades. Por esta vía, se gravó a los pasivos de una parte del sistema, las cajas paraestatales, para financiar a los pasivos del BPS, por una cifra aproximada de US$ 36 millones por año.

Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Y en tercer lugar, Sotelo hace mención a que dos de cada tres profesionales no aporta a la Caja de Profesionales sino al Banco de Previsión Social (BPS), a través del sistema de declaración de no ejercicio, al ser dependientes de empresas o del propio Estado, principal contratante de profesionales universitarios. “Pero como si todo esto no fuera suficiente, está el Art. 67 de la Constitución, donde se establece que las pasividades se financiarán con las ‘contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley’ y, en caso de ser necesario, con ‘la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado’.

En suma, según Sotelo, no sólo hay responsabilidades directas del Estado en el desfinanciamiento de la Caja, sino que está obligado por la Constitución a asistirla. “El asunto es cómo hacerlo de la manera justa y equitativa. El proyecto del gobierno es un espanto porque carga a los jubilados con la parte más grande del rescate”, concluye.