Cumpliendo sus promesas electorales, el Gobierno ha creado la “Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social” con el objetivo de comenzar un diálogo sobre seguridad social con diversas organizaciones, siguiendo los lineamientos de una “hoja de ruta” ya emitida. La comisión, que comandará este proceso está integrada por representantes de diversos ministerios y uno del BPS, y nominará un plenario con delegaciones de “la sociedad civil, organismos representativos, académicos y organismos internacionales especializados”.

Recogidas las opiniones de los citados representantes, más otros -suponemos- que se consideren pertinentes, emitirá un informe que será elevado al Ejecutivo antes del 30 de abril del año próximo para perfeccionar la seguridad social nacional. Entendiéndose por tal el conjunto de medidas referidas “a la matriz de protección a lo largo de la vida de las personas desde el momento de la concepción hasta la muerte.

Lo que presupone rediscutir y redefinir desde una perspectiva integral cual modelo de protección social deseamos los uruguayos tener en este sigo XXI” Comenzando este proceso consultivo ya se han citado algunas organizaciones a efectos de hacerles conocer la susodicha hoja de ruta, la primera el PIT-CNT.

El emprendimiento que propone auscultar las opiniones de diferentes grupos sociales sobre los cuidados necesarios para su vida, asoma como loable en sus propósitos. Se relaciona con ideales tan caros como la democracia directa y la necesaria participación de la sociedad civil en temas que directamente le atañen. Sin embargo, pese a estos méritos, adolece de una tal vaguedad, tanto en su conformación como en sus propósitos que exigen cautela. ¿Cuáles serán las organizaciones citadas? ¿Qué peso diferencial tendrán sus opiniones? ¿En qué medida serán acogidas o desechadas por el poder político? ¿Qué grado de institucionalidad tendrá este emprendimiento? Ninguna de estas dudas y otras muchas que su instalación presupone quedan aclaradas en el decreto que dispone su creación. Tal como si la ambigüedad constituyera su mérito.

No puede desconocerse tampoco que esta consulta encierra un cierto grado de corporativismo o a lo menos del más aggiornado neo-corporativismo a lo Schmitter, en todas sus representaciones, más acusadamente en las gremiales, tanto de obreros como de patrones. Quien define los intereses nacionales, sin ningún tipo de condicionamiento es el sistema político y sus partidos, lo que no inhibe, sino que impulsa, las consultas populares. Pero una cosa es averiguar mediante ellas cual es la voluntad ciudadana y otra distinta, como en este caso, requerirla a organizaciones que tienen como primer objetivo la defensa de intereses, sociales o grupales, por más loables que ellos sean. Prueba de esto es que la central obrera ya ha anunciado que defenderá los 60 años como mínimo jubilatorio así como la derogación de las AFAPS. Esto significa que utilizara este impreciso instrumento impulsado por el FA y de ambigüos resultados, para, en clara paradoja, oponerse, como ha adelantado, a la decisión ciudadana dictada por un reconocido instituto de democracia directa perfectamente regulado por la Constitución de la República y de efectos no corporativos.