Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Una vez más, el Estado controlador avanza sobre un derecho esencial: la libertad de educación.

En un acto tan simbólico como práctico, el gobierno ha derogado el decreto que agilizaba la autorización y el funcionamiento de nuevas universidades privadas.

Es decir, ha decidido frenar la posibilidad de que estudiantes, familias y educadores elijan caminos distintos a los que marca el dogma oficial.

¿De qué tienen miedo?

Del pensamiento libre. Del desarrollo de una educación que no rinda pleitesía al relato único ni a los sindicatos que operan como comisarios ideológicos. Temen que una juventud educada con criterio propio empiece a cuestionar el rol del Estado omnipresente, a rechazar el adoctrinamiento y a buscar el mérito, la excelencia y la innovación como norte.

Este paso atrás no es casual ni técnico. Es una declaración de principios: el Frente Amplio no quiere competencia en el terreno de las ideas. No quiere universidades donde florezca la lógica, la razón, el pensamiento crítico, el espíritu emprendedor. Quiere conservar el monopolio del discurso y la producción cultural, tal como lo ha hecho con la educación pública, convertida en un instrumento político y de poder.

La derogación del decreto firmado por Lacalle Pou —que permitía autorizar universidades privadas por resolución ministerial y no por decreto del Poder Ejecutivo— no solo es un capricho burocrático; es una traba deliberada para impedir el surgimiento de centros de formación alternativos, más dinámicos, menos ideologizados y orientados a los desafíos reales del mundo moderno.

Es claro el mensaje: quien no pase por el filtro del aparato estatal, no tiene lugar en la formación de nuestros jóvenes.

Y eso, en democracia, es inaceptable.

La libertad de enseñanza no es un privilegio, es un derecho. La pluralidad educativa es una necesidad. El Estado no debe ser dueño de nuestras mentes ni guardián de nuestras conciencias. Su rol es facilitar, no imponer. Garantizar, no restringir.

Hoy retrocedimos. Pero aún estamos a tiempo de despertar. De alzar la voz. De defender el derecho de cada ciudadano a elegir cómo y dónde quiere formarse.

Porque sin libertad educativa, no hay libertad posible.