A mucha gente le cuesta entender que haya tantos cuestionamientos a que en México se haya votado para los cargos de jueces. Sobre este tema editorializamos la semana pasada pero parece necesario insistir, ya que tiene que ver con la forma de entender lo que es un Estado de Derecho.

“¿Si se puede elegir presidente, senadores y diputados, por qué no elegir también a los jueces?”, sostienen quienes creen buena la medida.

Pese a que debería serlo, no es fácil argumentar por qué los jueces y más aún los de la Suprema Corte de un país, no deben ser elegidos por voto directo de la gente. Por eso insistimos en este tema.

Muchos creen que si es natural que el presidente y los legisladores sean elegidos por voto directo, ¿qué puede tener de malo que lo sean los jueces? ¿Por qué deben ser designados por procesos indirectos y en apariencia poco democráticos? ¿Por qué desde las democracias republicanas y liberales se cuestiona que en México, el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador haya cambiado el procedimiento tradicional e instaurado la votación directa?

Cuando Estados Unidos discutió su Constitución en el siglo XVIII, se instaló la idea de que el Poder Judicial debía ser el poder menos “democrático”, con lo cual se fortalecía la pata más liberal, pero no tan democrática de una Constitución.

En las democracias modernas, los integrantes de la Suprema Corte son o bien designados por el presidente y avalados por el Parlamento, o directamente designados por el Parlamento como es el caso uruguayo. En algunos países, la designación presidencial obliga a un minucioso examen de antecedentes y trayectoria del candidato en la correspondiente cámara, antes de concedérsele la venia. Hay quienes requieren una mayoría parlamentaria especial como en Uruguay, lo cual obliga a buscar acuerdos entre los partidos para concretar la designación. Por lo general los de la Suprema Corte ocupan sus cargos por un período más largo al del presidente y las cámaras. En Estados Unidos se llega al extremo de que el cargo sea vitalicio.

Se busca así consolidar mecanismos que fortalezcan la independencia de ese otro poder. El ideal es que los jueces no sean votados directamente y que el Poder Judicial no funcione con el mismo esquema de representación proporcional propio del Poder Legislativo, donde manda quien representa a la mayoría. El Poder Judicial que no representa a nadie y habla a través de su fallos, no puede ser transformado en otro Parlamento. Para eso ya está el que hay. Debe haber un espacio desde donde garantizar derechos y libertades de las minorías.

La Justicia está para atender los reclamos de las personas, individualmente consideradas, más allá de sus convicciones y pertenencias partidarias. Aclara un crimen cometido por muy diversas razones, o el robo de quien fue perjudicado por cuestiones que nada tienen que ver con la política, establece la inocencia de uno que la sociedad condenó de antemano. Y por supuesto, atiende los reclamos de gente que considera que sus derechos fueron violados por una ley aprobada en el Parlamento o promovida por el Ejecutivo.

Los jueces y la Suprema Corte no necesariamente nadan en la misma dirección que la corriente. Lo hacen si la evidencia amerita un fallo en ese mismo sentido. Pero las más de las veces van en contra de lo que sostiene el grueso de los que gobiernan.

Está bien que así sea. Eso suele hacer que la Justicia falle en contra de verdades socialmente validadas por la mayoría, pero a favor de un solitario individuo que entendió que un derecho suyo fue avasallado. Los jueces no actúan por capricho contra el sistema sino avalados por la Constitución, para controlar los excesos de los que teniendo un legítimo poder, a veces abusan de él.

Por eso no pueden ser elegidos; no se debe abrir una ventana para que la elección del Poder Judicial termine en manos de los partidos, proponiendo jueces y obligándoles a hacer campaña. Eso es bueno cuando se trata de elegir el Parlamento, cuya función es muy diferente. Es peligroso cuando se aplica para el Poder Judicial.

Por eso la medida adoptada en tiempos de AMLO y aplicada ahora es peligrosa para la salud democrática de México o de cualquier país que quiera aplicar ese mecanismo.

La democracia moderna no es una tiranía elegida por la mayoría para ungir a quien cree ser dueño del poder absoluto. Todo poder debe ser vigilado, controlado y equilibrado. Para asegurarse de que así será, la independencia del Poder Judicial es fundamental.