Uruguay tiene un problema muy serio con su sistema penal. Pero muy serio, aunque el sistema político no parezca muy preocupado por lo que ocurre. Un síntoma muy claro de esto es el culebrón entre el prosecretario y exfiscal Jorge Díaz, y su exsubalterno Carlos Perciballe. Un choque de vedettes, que deja en claro lo lejos que está el sistema, desde hace ya muchos años, del decoro y prudencia que deberían caracterizarlo.

Pero pocas cosas dejan más en evidencia el problema enorme que tiene el país entre manos, que todo lo que viene ocurriendo con el caso que involucra al exsenador Gustavo Penadés. Acá no se trata de defender a Penadés ni nada parecido, y hay que aclararlo para no caer en lo que muchos buscan, que es enturbiar el debate en función de las características muy especiales del caso en sí. Pero todo lo que viene sucediendo en torno a este proceso, muestra el nivel de caos istrativo, carencias en la gestión, y completa indefensión, en los que se encuentra todo ciudadano de este país.

Días atrás, Penadés solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que lleva casi dos años en la cárcel, sin que la fiscal del caso siquiera haya presentado una imputación formal. Esto, que ya sería escandaloso en cualquier caso penal, se agudiza porque desde el cambio del proceso penal a un sistema acusatorio, se supone que los acusados deben por defecto estar en libertad hasta que se prueba su culpa.

Pero hay un elemento que todavía vuelve todo más turbio. Y es que la jueza, para fundar su negativa a la prisión domiciliaria, dijo que está convencida que el caso lo amerita, pero que no la concede para evitar una conmoción pública, debido a que sabe que el Tribunal de Apelaciones revocaría su fallo, como ya ha hecho en ocasiones previas.

Esto es realmente muy grave. Primero, porque la jueza no toma la medida que entiende que debe tomar, por motivos completamente insostenibles. Segundo, porque no puede ser que exista una diferencia de criterio tan marcada entre dos instancias judiciales, cuando la ley a aplicar es la misma. Y en cualquier caso, ante ella, debería primar el principio de que el acusado debe estar en libertad hasta que se pruebe su culpabilidad.

Como si esto fuera poco, el rol de la Fiscalía es penoso. Una jerarca completamente involucrada a nivel personal en el caso, que sigue dando vueltas al asunto, y generando golpes de efecto mediáticos, sin terminar de presentar una acusación que permita iniciar el juicio.

Del rol del Consultorio Jurídico de la Udelar, y de los abogados de las víctimas, ya no vale la pena decir mucho. Simplemente que cuando se produzca un imprescindible cambio en este proceso penal completamente desvirtuado, ese rol debería ser puesto bajo la lupa muy especialmente por los legisladores.

Toda esta situación queda tapada por los detalles escabrosos del caso en sí, y el efecto político que genera, en un país muy polarizado.

Pero quienes tienen la responsabilidad de velar por la institucionalidad democrática del país tienen la obligación de mirar por encima de eso. ¿Cómo se le explica a la sociedad, al ciudadano de a pie sin formación, que tenemos un sistema penal donde alguien puede estar dos años preso, sin que siquiera haya una acusación? ¿Cómo puede ser que un simple fiscal tenga ese poder sobre la vida y honra de un ciudadano? Es más, si la fiscal sostiene que Penadés es un hombre poderoso, con capacidad de influir en el sistema político, por lo cual exige que siga preso, ¿usted se imagina lo que puede llegar a padecer en este sistema una persona humilde, acusada de algún delito con menos relevancia pública?

Salvando las diferencias, esto no es muy diferente a lo que han padecido otras figuras públicas de distinto partido, desde el exsenador Carrera, hasta el intendente Besozzi. Quienes más allá de su culpabilidad o no en los casos que enfrentan, se han visto manoseados, con sus derechos vulnerados, y con sus carreras dañadas tal vez para siempre, sin que el sistema les brinde garantías.

A esta altura no hay nadie que no tenga claro que el cambio del proceso penal ha sido un fracaso. Y buena parte de la responsabilidad la tiene quien fue encomendando por todo el sistema político para implementarlo, y que usó eso para labrarse una carrera política. Pero ya no puede haber más excusas. Es imprescindible que todo el sistema político asuma que así no se puede seguir, y se siente a negociar para cambiar el proceso penal a fondo.

Un país que no puede confiar en su sistema penal es un país que no vive en una democracia plena.