El ministerio de Salud Pública vuelve con una práctica tan negativa, como propia de los gobiernos de izquierda: tratar a los ciudadanos como tontos. La prohibición de los elementos de consumo de “tabaco calentado”, los populares “vapeadores”, es una avance injustificado sobre el derecho individual de las personas. El rol del Estado es dar información y si estas cosas hacen daño, hacerlo saber. Pero al final del día, los mayores de edad tienen derecho a tomar la decisión que quieran.