Fue un tiempo complicado. La pandemia del coronavirus, que arrastró a Uruguay a la emergencia sanitaria un día como hoy pero hace cinco años, el 13 de marzo de 2020, puso al mundo cara a cara con la muerte, 24 horas al día, siete días a la semana. La “nueva normalidad”, como la llamaban, trajo rankings de fallecimientos, actualizaciones en vivo del número de camas disponibles en los centros de tratamiento intensivos (CTI), y científicos de laboratorio como protagonistas cotidianos del debate público y las conversaciones cotidianas.

El primer año, para los uruguayos, tuvo solo algunos elementos de lo que vivía el resto del planeta: el pánico inicial, la incertidumbre, la persecución social a los que salían de sus casas, el confinamiento que ni siquiera necesitó de órdenes gubernamentales.

Foto: Fernando Ponzetto

Pero también, rápidamente, lo que pasó en Uruguay en ese año se fue transformando en una excepción. Fuimos, en las revistas, uno de esos “casos de éxito” y el concepto de “libertad responsable” impulsado por Luis Lacalle Pou como presidente ganó prestigio nacional e internacional.

Así como hubo un momento, a comienzos de 2020, en que algunos uruguayos fantasearon con que el virus ni siquiera llegara al país, lo peor también tardó pero llegó. Entre fines de ese año y el comienzo del siguiente la situación de excepción se diluyó, y el país caminó hacia meses de angustia entre el aumento de las muertes, la progresiva tensión del sistema de salud, y la espera de las vacunas. La salida fue lenta, y no exenta de discusiones.

¿Cómo se ven, al mirar hacia atrás, las verdades que se instauraron en esos años condicionados por el miedo y la incertidumbre? ¿Cómo han resistido el paso del tiempo? ¿Qué evaluación hacen los científicos, principales protagonistas de ese tiempo que rápidamente quisimos dejar atrás?

A continuación, diez verdades, mitos o axiomas pandémicos —desde el éxito del manejo de la pandemia hasta la seguridad y efectividad de la vacunación— revisitados cinco años después del inicio de una crisis para la historia.

La nota con la que Uruguay salvó o no el examen que impuso la pandemia de covid-19 es a fin de cuentas una cuestión subjetiva, que puede variar según las variables consideradas y las preferencias o convicciones individuales. Pero un repaso por los principales datos permiten trazar algunas conclusiones que deberían ser compartidas.

La pandemia nos hizo convivir a diario con rankings mundiales de hospitalizaciones y muertes por día, que llegaban a nuestros hogares como un parte policial o un pronóstico del tiempo.

Pero en la mirada retrospectiva, el parámetro que se considera más adecuado para evaluar el impacto de la pandemia —al menos en el plano sanitario y a corto plazo— es el exceso de mortalidad, que consiste en comparar la mortalidad esperada para cada año y el número de muertes que efectivamente se registraron. En años de pandemia en los que aumentó la mortalidad en el mundo, el exceso de mortalidad permite entonces pasar raya a la dimensión que tuvo ese aumento en cada lugar, y también se trata de un número menos susceptible a diferencias en los criterios de clasificación de las muertes.

¿Cómo le fue a Uruguay en ese plano?

Según un estudio académico publicado en 2024 en la revista académica Demographic Research por Catalina Torres, Victoria Prieto, Gonzalo De Armas y Mariana Paredes —todos ellos investigadores del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República)—, Uruguay tuvo un exceso de mortalidad negativa durante 2020 (-5,2%) —es decir, menor a lo esperado en función de la tendencia—, luego un alto índice de exceso de mortalidad en 2021 (18,8%), y un exceso de mortalidad algo menor en 2022 (12,7%), ya con gran parte de la población vacunada.

Al menos en el acumulado de 2020 y 2021 (años para los cuales existen datos suficientemente confiables para establecer comparativas internacionales), los números ubican a Uruguay en un lugar destacado (para bien) en la región y más allá, a pesar de sus dos etapas diferenciadas durante la pandemia (una en la que estuvimos entre "los mejores de la clase" y una ventana de tiempo en la que nos entreveramos entre "los peores").

Torres et al, Demographic Research.

Mientras que en Uruguay el promedio de muertes anuales es de unas 34.000, en 2020 el número bajó a 32.638, en 2021 subió a 41.168, y en 2022 se ubicó en 39.322, antes de volver en 2023 a sus valores históricos.

Además del registro anual, los académicos de Udelar también calcularon el exceso de mortalidad mes a mes y constataron que la evolución del indicador acompañó en gran parte la oscilación de las muertes oficialmente calificadas como por covid-19 (ver siguiente gráfico). De todos modos, en los dos picos de mortalidad de la epidemia en Uruguay (mitad de 2021 y uno menor a principios de 2022), las muertes por covid no explican la totalidad del aumento.

Torres et al, Demography Research

“En comparación con 2019, la esperanza de vida en 2021 disminuyó en 1,93 años para las mujeres y 2,06 años en hombres. Estos valores son menores pero no muy lejos de la pérdida de esperanza de vida estimadas en Estados Unidos en 2020. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, la pérdida de esperanza de vida en Uruguay está en el extremo inferior, con países que experimentaron pérdidas de hasta cinco o más años”, dice el artículo.

Desde el punto de vista logístico, los científicos Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio (ambos del Instituto Pasteur y Universidad de la República) destacan el desarrollo temprano, en coordinación con el gobierno, de un sistema nacional de detección de casos de covid-19, así como la posterior constitución del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), más allá de las tensiones que se evidenciaron en el momento más álgido de la pandemia.

A la hora de las valoraciones subjetivas, quienes otorgan buena nota al manejo global de la pandemia en Uruguay subrayan que esos resultados en la mortalidad se obtuvieron con medidas menos restrictivas que otros países de la región (como Argentina o incluso Chile, cuyo exceso de mortalidad se ubica en un nivel comparable al uruguayo). Los que ponen una nota más ambigua resaltan que el país no logró mantener los resultados excepcionales de 2020, que lo igualaban a países solo rodeados por mar como Australia o Nueva Zelanda.

Las vacunas contra el covid, elaboradas en tiempo récord por la comunidad científica y la industria farmacéutica, fueron recibidas por parte de la gran mayoría como una bendición para salir de la crisis sanitaria, pero también enfrentaron la feroz oposición de un grupo minoritario que sembró dudas sobre su necesidad, su seguridad y su efectividad. El origen de las vacunas, sus especificaciones biológicas, los detalles de sus ensayos clínicos y las señas particularidades de cada una formó parte de la conversación cotidiana como nunca antes había ocurrido.

Archivo El País

A cuatro años del comienzo de las inoculaciones, a Mónica Pujadas —pediatra, infectóloga, epidemióloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora en Vacunación— no le caben dudas. “La vacunación contra covid-19 en Uruguay efectivamente fue una de las principales estrategias que permitió controlar la pandemia y volver a la normalidad. Está bien demostrado, no hay duda y eso ocurrió con la vacuna de todas las marcas que se istraron en Uruguay”, dice en conversación con El País. “Si uno se fija en la curvas epidémicas del Ministerio de Salud Pública es bien contundente: aproximadamente al día 95 de la vacunación, cuando se había llegado a un 60% de la población vacunada con una dosis, la curva comenzó una caída bruta y de forma muy significativa”, agrega.

Respecto a las dudas planteadas a la seguridad de la vacuna, Pujadas resalta que “está bien demostrado en el mundo que lo que sí tuvo exceso de mortalidad fue la epidemia de covid, no la vacunación”. “No hay ningún argumento que soporte científicamente atribuirle a la vacuna la mortalidad, por todas las características de esas muertes, por la fisiopatología, por las condiciones de toda la inflamación que produce el virus, entre muchos otros elementos”, añade.

Foto: Estefanía Leal

Gonzalo Moratorio, virólogo del Instituto Pasteur, complementa que “las vacunas demostraron una eficacia muy significativa en la reducción de la enfermedad grave y la muerte, aunque no pudieron, al menos en igual dimensión, hacer frente a la transmisión, sobre todo por la aparición de nuevas variantes”. “Se usó una tecnología avalada por décadas de investigación fundamental y fueron un game changer para evitar millones de muertes más”, agrega.

En el caso uruguayo, uno de los argumentos de los escépticos de la vacunación es que el exceso de mortalidad coincidió con la llegada de las vacunas. Pero para empezar, el exceso de mortalidad se comenzó a registrar unos meses antes, desde fines de diciembre de 2020, además de que el descenso en la mortalidad ocurrió una vez que un porcentaje importante de la población obtuvo las dosis completas. A eso se agrega que en el resto del mundo hubo exceso de mortalidad mucho antes de la llegada de la vacuna, en contextos muy variados, desde países con medidas relativamente laxas de distanciamiento social hasta aquellos en los que se impusieron fuertes confinamientos.

Los modos en los que el covid-19 podía afectar a los niños y adolescentes fue otro capítulo de intensas discusiones durante la pandemia, en particular cuando llegó el momento de decidir las autorizaciones y recomendaciones de la vacunación para esa población.

Después de una semana de idas y vueltas y con manifestaciones de colectivos antivacunas en el medio, la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones aprobó el 24 de noviembre de 2021 la istración de dosis contra el covid-19 para los niños de 5 a 11 años. Por amplia mayoría la comisión seleccionó la plataforma de Pfizer, al ser la única que entonces tenía datos publicados de su estudio de fase III, aprobados por las agencias regulatorias de diversos países, desde Estados Unidos a Israel.

La vacunación, no obligatoria y en dos dosis, se inició en forma escalonada el 13 de enero de 2022, recomendada especialmente para los grupos de riesgo.

Pero el debate estaba planteado. Si la gran mayoría de los niños —como efectivamente ocurría— no desarrollaban manifestaciones graves de la enfermedad, ¿valía la pena dar el paso de vacunarlos también contra el virus?

Foto: Leonardo Mainé

Pujadas, que formó parte de esa discusión, vuelve a decir que sí, que valía la pena. “Con todo lo que ya en el mundo se ha vacunado de niños, adolescentes, incluso lactantes, se puede seguir afirmando contundentemente que son vacunas seguras y que siempre va a ser más el riesgo de las consecuencias que puede tener la enfermedad que lo que puede dar la vacuna”, dice a El País, y remarca que no se han registrado efectos adversos graves en esa población.

Incluso va más allá y señala que sería bueno que el Ministerio de Salud Pública recomiende su istración a partir de los seis meses de vida, como sucede en otras partes del mundo. La infectóloga y pediatra argumenta que si bien es cierto que los casos graves de covid-19 en niños son más bien la excepción, las vacunas son seguras y pueden prevenir efectos como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, así como un posible desarrollo de diabetes o enfermedades autoinmunes.

En el caso de los niños, en definitiva, la decisión de la vacunación pasaba —y pasa— por precauciones distintas a las de los adultos, ya no asociadas al riesgo evidente de manifestaciones graves, sino a efectos más aislados o menos obvios a simple vista. Mientras que algunos padres todavía entienden que por eso se justifica menos que la vacunación en adultos, médicos y pediatras insisten en que las vacunas igual ayudan a prevenir esos casos, con iguales o incluso menos riesgos que otras vacunas.

No era solo una cuestión semántica. Lo que se escondía detrás de la búsqueda por la mejor palabra para describir la realidad de los centros de tratamiento intensivo en el momento de mayor incidencia de la epidemia era un debate fundamental: si el aumento de la demanda obligaba o no a dejar pacientes sin asistencia.

“Creo que estuvimos cerca pero no llegamos a ese punto”, resume Julio Pontet, quien fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva durante lo peor de la pandemia y que, en cambio, elige palabras como “saturación” o “tensión” para ilustrar la situación que llegó a ser cercana a un desborde, pero sin que se cortara la cadena de asistencia.

Francisco Flores/Archivo El Pais

“Se sobrecargó como nunca antes, eso es indiscutible. Eso incluye la infraestructura, las camas y también los recursos humanos”, dice Pontet. El hecho de que los CTIs no hayan colapsado no implica que la asistencia en la salud no se haya visto resentida. Eso ocurrió en los distintos niveles de atención, con tratamientos que se vieron relegados y consultas que pasaron a considerarse como “no prioritarias”.

El pico de tensión en el sistema asistencial se dio en junio de 2021, cuando la ocupación de camas de CTI llegó al 80%, con aproximadamente 850 pacientes, de los cuales más de la mitad habían llegado a esa situación por la infección de covid-19. Si bien Uruguay sufrió un segundo pico de contagios a fines de 2021, con el ingreso de la variante ómicron —que tuvo también su impacto en la mortalidad—, esa segunda ola no impactó de igual manera en las hospitalizaciones, ya que para ese entonces gran parte de la población tenía cobertura completa de vacuna contra la enfermedad.

En su artículo sobre la mortalidad en Uruguay durante los años de pandemia, los investigadores del Programa de Población señalan que el sistema de salud “no colapsó durante la pandemia” y que por lo tanto la mayoría de las muertes adjudicables al covid-19 ocurrieron en instituciones médicas.

En el inconsciente colectivo, la llegada de la pandemia a Uruguay tuvo el nombre y apellido de Carmela Hontou. Pero si bien la paranoia inicial provocó una caza de brujas contra Hontou, pronto se supo que el virus en realidad llegó por más de una vía y que, además, difícilmente —por no decir imposible— se hubiera podido prevenir su ingreso.

Ya en abril de 2020, el Instituto Pasteur completó la secuenciación genómica de los primeros diez casos de Covid-19 en el país. Ese estudio reveló que el SARS-CoV-2 ingresó a Uruguay al menos en tres ocasiones distintas desde diferentes continentes: una introducción desde Europa, específicamente España; otra desde América del Norte, concretamente Canadá; y una tercera desde Australia. Las estimaciones situaron la entrada del virus entre el 20 de febrero y la primera semana de marzo de 2020.

Archivo El País

Más allá de que el “vector Carmela” —como se lo llegó a llamar en los medios y el debate público— coincidió con casos de otras partes del mundo en los que hubo “supereventos” de contagio, lo que sugieren estos hallazgos es que no hubo un “caso cero” responsable de la introducción del virus en Uruguay, sino múltiples ingresos independientes. “El virus claramente estaba circulando en el país desde un tiempo anterior”, rememora Moratorio en conversación con El País.

De todas las críticas que se le hicieron al plan de vacunación —en Uruguay y en otros países—, quizá la más fundamentada es la que cargó contra la distinción entre vacunados y no vacunados, a quienes se privó de asistir a determinados eventos o actividades. Por momentos, espectáculos incluso al aire libre —como en los estadios— estuvieron habilitados solo para aquellos que mostraran su certificado de vacunación.

Si bien las vacunas tenían algún grado de efecto en la capacidad de transmisión, eso era mucho menos significativo que su impacto en la reducción de casos graves y muertes. Y los que decidían no vacunarse, en definitiva, lo estaban haciendo a conciencia y en uso de sus libertades. Por eso para algunos, ese fue uno de los puntos en los que el concepto de “libertad responsable” impulsado por el gobierno quedó algo en entredicho. El debate separó a quienes ya por entonces veían la vacunación como un acto de protección individual, y aquellos que de todos modos seguían viéndolo como un acto de cuidado no solo individual sino también colectivo.

Estefania Leal/Archivo El Pais

La Comisión Nacional Asesora en Vacunación llegó a recomendar explícitamente que en el caso de los niños no se impusieran diferenciaciones entre vacunados y no vacunados a la hora de habilitar o no actividades. En cuanto a adultos no hubo recomendación ni hacia un lado ni hacia el otro, pero durante un tiempo importante se mantuvieron ciertas diferenciaciones. “Desde la comisión insistíamos mucho en que la vacunación fuera, digamos, a conciencia y entendiendo su ventaja. De todos modos, hay una realidad y es que el riesgo, entendiendo riesgo como la probabilidad es diferente si uno está vacunado que si no está vacunado”, señala Pujadas.

Quizá un exceso de optimismo para paliar la angustia, apenas comenzó la pandemia hubo quienes salieron a augurar que al final del camino nos esperaba a todos una década de desenfreno similar a la que se vivió en la posguerra de inicios del siglo XX. “La gente buscará inexorablemente más interacción social. La gente irá a clubes nocturnos, restaurantes, manifestaciones políticas, eventos deportivos, recitales”, decía por ejemplo el sociólogo Nicholas Christakis, de la Universidad de Yale. “Si miras lo que ha pasado en los últimos 2.000 años, cuando las pandemias terminan, hay una fiesta. Es probable que veamos algo similar en el siglo XXI”. No ha sido objeto de papers científicos, pero no parece haber pasado.

Archivo El País

En medio de una pandemia que lo tiñó todo de incertidumbre, una de las cuestiones sobre las cuales se sabía —y hasta el día de hoy— se sabe relativamente poco es el llamado “covid prolongado” (long covid en inglés). Los médicos y científicos llamaron así a las secuelas que una parte de los infectados con el virus sufrían durante un lapso importante de tiempo, que podía alcanzar meses o años.

Pujadas dice que “sigue siendo todo un área que es difícil de cuantificar”, se trata de manifestaciones que son “multifactoriales” —en las que se puede mezclar con otras situaciones—, pero que se han documentado impactos en el sistema endocrino._A pesar de ser un área en el que faltan respuestas, existen estudios que indican que las vacunas contra el covid-19 son efectivas a la hora de prevenir también los síntomas prolongados que puede acarrear la infección

Con el tapabocas tuvimos una relación oscilante durante la pandemia. En el principio de todo, la OMS incluso recomendó en contra del uso de tapabocas, ya que se entendía que la principal transmisión del virus se daba a través de las superficies.

Por eso en la foto del anuncio de la emergencia sanitaria en Uruguay, por parte del entonces presidente Luis Lacalle Pou y su gabinete, todas las caras están descubiertas. Luego, cuando el consenso pasó a ser que la transmisión del covid-19 era principalmente a través del aire, se lo vio en todos lados.

Foto: Presidencia

Y hasta estuvieron quienes señalaban que el barbijo había llegado para quedarse con nosotros, y que tendríamos que convivir con él en los años pospandémicos. Si bien es cierto que algunas personas puntualmente adquirieron el hábito de utilizarlo en ciertas ocasiones o en lugares masivos, sobre todo en centros urbanos densamente poblados, el fin de la epidemia también vino con el fin de los tapabocas como prenda obligatoria. 

Uno de los puntos que suele generar suspicacia entre los escépticos de la pandemia y el manejo de la situación sanitaria, al menos en Uruguay, es el aumento de las muertes “sin causa” o “mal definidas” en los registros del Ministerio de Salud Pública.

Se trata de fallecimientos para los cuales no se tiene un registro claro de la causa, categoría que aumentó en los años de pandemia, y que aumentaron también posteriormente, en 2023.

Foto: Estefanía Leal

Las principales hipótesis de los técnicos que trabajan con esas cifras es que se deba a cuestiones istrativas. “Es algo que tenemos que hablar con el MSP para resolver”, reconoce a El País el demógrafo Gonzalo De Armas.

“Hay una hipótesis, al cruzar los datos de lugar de fallecimiento con la causa de muerte, es que estén vinculadas a las muertes en el hogar. Por ejemplo, que ante un fallecimiento fuera la emergencia y no el médico tratante, y no tenga el diagnóstico tan claro. En otros países hay una autopsia verbal, que se entrevista a los familiares para ver qué pudo haber ocurrido”, señala. “Es una especulación que tenemos que mirar”.

Hugo Rodríguez Almada, médico forense, acota que “uno de los problemas que hay es que un poco más del 50% de los muertos que van para estudios forenses, son muertes naturales que nadie le ha firmado certificado de defunción”.

“Si lo firmara el médico tratante, en muchísimos casos conocería su enfermedad de base. O incluso el médico que asiste a la persona, si es en un domicilio, está en mejores condiciones que un forense para determinar la causa. Hay un tema de educación médica”, dice Rodríguez.