La comisión especial que viene analizando en el Senado el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) comenzará este martes a votar el articulado de la iniciativa, pensada para salvar y asegurar la viabilidad de la institución. La decisión política, acordada por todas las bancadas, es que el proyecto sea presentado el miércoles, para su aprobación. Hasta allí las certezas que hoy existen sobre un tema que tiene en vilo al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el contenido de lo que se aprobará es algo aún incierto, sobre todo en los aspectos medulares del proyecto, referidos a cómo se estructurará financieramente ese salvataje. En particular, la duda está en dónde se apoyará esa estructura, en una discusión que repite lo sucedido hace pocas semanas en la Cámara de Representantes.

En este caso, el Frente Amplio (FA) cuenta con mayoría para desandar lo aprobado en la cámara baja e imponer la fórmula que originalmente había impulsado el gobierno que prevé una recaudación de US$ 164 millones anuales. El 44% de esa cifra saldría del incremento a 22,5% de la tasa de aportes de los afiliados activos a la caja. El 27%, a partir de la creación de una "prestación pecuniaria" por parte de los pasivos, y el 33% en base a "aportes de la sociedad", principalmente a través de Rentas Generales.

Esta fórmula fracasó en Diputados que, a impulso de los partidos Nacional, Colorado e Independiente -opuestos al incremento de "impuestos" a activos y pasivos- que implica, como único aspecto vinculado al financiamiento, un aporte estatal de poco más de US$ 5 millones para este ejercicio y, a partir del próximo 1° de enero, del equivalente a la recaudación por IASS de los pasivos de la institución, estimado en US$ 39 millones anuales.

Foto: Estefanía Leal

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dejó en claro a fines de mayo que, así como esta planteado, los fondos solo serían suficientes para tres meses y reafirmó como "indiscutible" que activos y pasivos deberán poner su parte para financiar el salvataje. "No son suficientes para cumplir con los pagos de 2025", dijo el ministro. Por lo tanto, aseguró que si la ley se aprobara tal como está hoy, "en dos meses" se volverá "a discutir lo mismo". Para el economista en el Senado deben haber, por lo tanto, "modificaciones importantes" al proyecto de ley.

Tomando en cuenta que ambas posturas llevan a un callejón sin salida, la Coalición Republicana viene negociando un acuerdo común que permita acercar posiciones para esa salida, aunque con posturas claramente diferenciadas.

Según pudo saber El País, Vamos Uruguay (Partido Colorado), puso sobre la mesa en las últimas horas su "punto de partida" para esa discusión. Se trata del proyecto de ley que el gobierno de Luis Lacalle Pou intentó -sin éxito- impulsar en 2023 para asegurar la viabilidad de la Caja de Profesionales.

La iniciativa fracasó, ya que el Frente Amplio no la votó y tampoco contó con el apoyo de Cabildo Abierto. En líneas generales, en menor medida de lo que propuso el gobierno, esa alternativa planteaba aportes por parte de activos y pasivos.

La inclusión del aporte por parte de los jubilados es, hoy por hoy, la piedra en la zapato que impide que la oposición presente un frente unido en el Senado. Fuentes políticas dijeron a El País que, más que nada, es una postura personal expresada por el senador Pedro Bordaberry y que ni siquiera es compartida en su sector. No la quieren tampoco ni los nacionalistas ni Unir para crecer, el sector colorado liderado por Andrés Ojeda.

La definición de los liderados por Bordaberry será vital para una de las principales premisas que hoy tiene la oposición: votar unida el proyecto cuando se discuta en el Senado este miércoles. Por lo pronto, de la mano del senador nacionalista Sergio Botana, la coalición le propondrá al FA votar la iniciativa que vino de Diputados. La intención allí es "respaldar" el trabajo de los diputados que, por otra parte, ya dejaron en claro que no están dispuestos a votar ningún tipo de incremento tributario.

Con todo, la "solución transitoria" que ahora se propone suma algunos aditivos, como un incremento "gradual" de la tasa de aportes de los afiliados activos a la caja. La intención es lograr "oxígeno" a través de una "solución transitoria" y garantizar la viabilidad de la caja "a corto plazo", dado que la institución no podrá asumir sus obligaciones a partir del próximo mes.

Mientras, con más tiempo, se discute otro tipo de solución. La propuesta consiste en, "en dos o tres meses", comenzar a negociar otro proyecto de ley, que deberá incluir una reforma estructural. Y allí, sí, estaría incluida la discusión sobre eventuales aportaciones de los pasivos. En ese nuevo proyecto, la oposición aspira a incluir, entre otros puntos un mecanismo para ampliar la base de aportantes de la Caja de Profesionales.

Denominado por el Frente Amplio (FA) como "ley exprés", alejando la intención del gobierno de la época de un tratamiento expeditivo, la istración de Luis Lacalle Pou había planteado en 2023 un proyecto de ley sobre reforma de la caja.

En líneas generales, guardaba cierta similitud con la norma que ahora propone el gobierno de Yamandú Orsi en cuanto a que basaba en aportes de pasivos y activos, junto a la asistencia estatal, la sustentabilidad de la institución. La diferencia, a ojos de la actual oposición, es que aquella iniciativa resultaba menos "gravosa" que la que ahora se plantea. También es cierto que las necesidades financieras de la caja eran otras hace dos años.

Foto: Estefanía Leal

El proyecto de 2023 preveía una escala menor en la "contribución pecunaria" de los pasivos, que irían a recaudar US$ 33 millones, siete millones menos que lo que ahora se plantea. También implicaba un incremento de dos puntos y medios porcentuales en la tasa de aportes de los activos, frente a los cuatro puntos del actual proyecto. Por lo demás, también implicaba un menor aporte por parte de Rentas Generales.

Otra diferencia era que, según aquel proyecto, la asistencia financiera por parte del Estado debería extenderse entre 2025 y 2036. Ahora, la estimación oficial es que la Caja recién alcanzaría el punto de equilibrio en 2045.

En el Parlamento no se recuerda una situación política como la que se plantea con este proyecto. La amenaza de los diputados de la coalición de rechazar - según cuáles sean - las modificaciones que haga el Senado pone sobre la mesa el eventual fracaso de la iniciativa. La última palabra la tendría entonces la Asamblea General, que por dos tercios de los votos podría sacar adelante la iniciativa. Allí el panorama indica una división exacta entre El FA y el resto del sistema político: 65 legisladores para cada lado.