En un momento de alta tensión entre el estado de California y la istración de Donald Trump por la reciente ola de redadas que llevó adelante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la ciudad californiana de Glendale rescindió el convenio que tenía con esta agencia migratoria desde hacía 18 años.

El contrato que vinculaba a Glendale con ICE permitía que las autoridades federales llevaran a migrantes arrestados a las cárceles locales de esta ciudad, algo que se había establecido en 2007.

Este acuerdo de esta ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles se había mantenido a lo largo de estos años pese que California es considerado un “estado santuario” y de que el gobernador, Gavin Newsom, promueve leyes opuestas. Las crecientes detenciones de extranjeros resultaron en el fin del vínculo por parte de la ciudad.

Glendale anunció la finalización del acuerdo con la agencia federal el pasado domingo por la noche, tras los múltiples incidentes que ocurrieron en el condado de Los Ángeles tras los operativos migratorios que desataron protestas de extranjeros en varios puntos. “Esta decisión local refleja nuestros valores centrales: seguridad pública, transparencia y confianza comunitaria”, apuntaron las autoridades en un comunicado oficial.

Ahora, el Departamento de Policía de Glendale no hará cumplir las leyes de inmigración, pero sí cumplirá plenamente con la ley Senate Bill 54 (SB 54), que prohíbe a las fuerzas del orden locales utilizar recursos para la aplicación de las normativas federales.

Las autoridades explicaron que fue una decisión local que analizó consideraciones legales, operativas y comunitarias.

Foto: X/ICE

“La ciudad mantuvo un centro de detención altamente regulado, con los más altos estándares de calidad, que brinda dignidad a las personas detenidas temporalmente, garantizando a alojamientos limpios, atención médica de guardia, visitas familiares y asesoría legal. Los detenidos obtuvieron la proximidad al debido proceso, algo que a menudo falta en centros de detención más remotos o privados”, remarcaron.

En ese sentido, manifestaron: “Reconocemos con pesar que algunas familias podrían tener ahora mayores dificultades para visitar a sus seres queridos detenidos por el ICE y que el a asistencia legal podría ser más limitado en otros lugares”.

Sin embargo, resaltaron que el deber de la ciudad es garantizar que los residentes y negocios locales no sufran las consecuencias del comportamiento indisciplinado e ilegal de otras personas. "El Departamento de Policía de Glendale no hace cumplir la ley de inmigración. Esa no es su función, ni lo será jamás", aclararon.

Y concluyeron: “De ahora en adelante, el centro seguirá atendiendo las necesidades de las fuerzas del orden locales sin participar en los programas federales de detención”.

La Nación/GDA